Discurso pronunciado el 9 de marzo de 1991, en el Club de Golf Ejecutivo, ante los Profesionales y Técnicos Demócrata Cristiano (PRODEC)
Copartidarias, copartidarios
Amigas y amigos todos
Agradezco la oportunidad que me brindan los Profesionales y Técnicos Demócratas Cristianos para compartir algunas reflexiones sobre el acontecer nacional.
El momento es propicio para estas reflexiones, puesto que hace poco más de un mes, el 27 de enero, se logró completar el cuadro de la democratización institucional de nuestro país a través de la elección de los legisladores, los representantes de corregimiento y los concejales restantes. También es propicio, puesto que hace solo nueve días se inició una nueva sesión de la Asamblea Legislativa, presidida por un esfuerzo especial de coordinación, entre el Ejecutivo y los legisladores de las bancadas de la Alianza Democrática Civilista de Gobierno.
Urgencia de la reforma constitucional
Cabe una primera reflexión sobre la democratización institucional de nuestro país. Nada es ahora tan decisivo para el perfeccionamiento y la consolidación de las instituciones democráticas vigentes, como la adopción de una reforma constitucional, la que se concentre en el cambio más importante de nuestro tiempo, tanto en Panamá como en el ámbito internacional, a saber la desmilitarización de la seguridad pública.
Esta desmilitarización ya se ha logrado sustancialmente de hecho. Ahora urge, de impostergable urgencia, formalizarla en derecho constitucional. Estaríamos así respondiendo al civilismo profundo del pueblo panameño. Estaríamos así destacando la singularidad de la experiencia democratizadora panameña, ya que en los otros países latinoamericanos la democratización ha dejado intactos a los ejércitos. Estaríamos así adelantándonos a una de las corrientes más prometedoras de la época contemporánea, que compruebo con esperanza el desmantelamiento progresivo de la confrontación ideológico-militar entre las superpotencias. Estaríamos así, además, colocándonos en la mejor posición para luego elaborar, discutir y adoptar una ley orgánica de los servicios policivos panameños, la que garantice su desarrollo profesional y moderno al servicio de nuestra seguridad pública, en el respeto a los derechos humanos.
Emprender cuanto antes esta reforma constitucional es ser fieles a nuestra conciencia nacional, y entrar resueltamente en la historia. Postergarla indefinidamente, peor aún, dejar de hacerla es traicionarnos a nosotros mismos, a nuestro pueblo panameño y darle la espalda a un futuro de una democracia nueva y segura.
Con el apoyo de la Comisión Política y de la fracción parlamentaria del Partido Demócrata Cristiano, hago un llamado solemne al Ejecutivo a que presente rápidamente una propuesta de reforma constitucional, en virtud de la cual se consagre la proscripción de todo ejército y el carácter policivo de los servicios de Seguridad Pública. El momento de actuar, en este sentido, es ahora.
Por asociación de temas, aprovecho la oportunidad para apoyar resueltamente la adopción, durante la presente sesión de la Asamblea, del proyecto de ley orgánica de la Policía Técnica Judicial (PTJ), propuesto por el legislador José Antonio Sossa. De manera que este organismo deje de ser una dependencia del Ejecutivo y sea una dependencia del Ministerio Público, bajo la supervisión de la Corte Suprema de Justicia. La decisión que tomó, hace un año el Gabinete, por iniciativa del Ministerio de Gobierno y Justicia, de desligar este organismo de la Fuerza Pública y la decisión que tomó más recientemente el Ministerio de Gobierno y Justicia, con la autorización del Presidente y la anuencia de la Corte Suprema, de nombrar a un magistrado del Tribunal Superior de Penonomé como nuevo Director General de la PTJ, culminarían con la aprobación de este proyecto de ley un hondo sentido civilista.
Dicho sea de paso, con esta transferencia de la Policía Técnica Judicial fuera del Ministerio de Gobierno y Justicia, convendría dejar a este Ministerio con el simple nombre de Ministerio de Gobierno, para destacar que la administración de la justicia en Panamá, está en manos civiles, independientes del Órgano Ejecutivo, es decir, única y exclusivamente en manos del Órgano Judicial y del Ministerio Público.
Urgencia de una obra de gobierno más efectiva
Junto con el perfeccionamiento y la consolidación antes mencionados de las instituciones democráticas, urge crear las condiciones para la realización de una obra de Gobierno más efectiva. Nuestro pueblo solo acepta vivir en democracia pero la democracia exige una obra de Gobierno que proporcione oportunidades de una vida mejor. En resumen, vivir en libertad y con esperanza es el reclamo fundamental de nuestro pueblo y satisfacer este reclamo, de la manera más efectiva, define la tarea básica del Gobierno Nacional.
En estos últimos días se ha discutido públicamente el tema de la necesidad de reactivar la economía y solucionar el grave problema del desempleo, vía la realización de obras y proyectos del Gobierno y, a raíz de esta discusión, se ha expresado preocupación por la lentitud en la ejecución del presupuesto de inversiones y por la falta de acción, a pesar de la disponibilidad de fondos. El tema es importante y merece una discusión pública, aún cuando habría sido conveniente que la misma hubiera sido precedida por una discusión formal, explicita, amplia y detallada en el Consejo de Gabinete, donde este tema se ha tocado en varias ocasiones pero de manera incidental y parcial.
Vale la pena algunos comentarios sobre este tema para su mejor y más justa evaluación. El primer comentario es bien simple: todos los miembros principales del Gobierno, absolutamente todos, hemos debido experimentar un proceso de aprendizaje en el mundo de la administración pública, tanto más difícil por las condiciones desastrosas en que esta se encontraba, después de 21 años de dictadura. En tales circunstancias tiene vigencia la advertencia del Evangelio: no veas la paja en el ojo ajeno, dejando de ver la viga en el ojo propio.
Por lo demás, en agosto de 1990, el Presidente estableció una Comisión ad-hoc para agilizar y mejorar las prácticas y procedimientos que rigen la proveeduría y compras en el sector público panameño. Esta Comisión estuvo presidida por la Viceministra de Hacienda y Tesoro e integrada por el sub-Contralor General de la República, la Directora de Planificación y Desarrollo Institucional del MIPPE, un profesor de la Facultad de Administración Pública de la Universidad de Panamá y, como secretario de la Comisión, un asesor legal de la Presidencia. La Comisión encontró que por el método vigente una licitación pública tomaba 282 días; un concurso de precios 110 días y una solicitud de precios entre 30 y 31 días. Por ello, la Comisión propuso un método en virtud del cual una licitación pública deberá tomar 205 días, un concurso de precios de 84 a 92 días y una solicitud de precios 15 días. Si bien es verdad que, en ciertas circunstancias de interés muy grande y de participación directa de los más altos funcionarios, estos periodos pueden acortarse, no es menos verdad que los procesos en los cuales se comprometen fondos públicos siguen siendo muy burocráticos y, por ende, complejos y lentos.
Es indispensable desburocratizar estos procesos si se quiere agilizar en los hechos, las inversiones públicas como también los demás gastos públicos. La necesidad de ejercer controles y fiscalizar actividades no debe ser obstáculo a dicha desburocratización. Eso sí, los organismos de control y de fiscalización tienen que aceptar una razonable y adecuada descentralización de decisiones, según la importancia de las mismas y las sumas involucradas.
Adicionalmente, se debe reconocer que el presupuesto de inversiones de 1991, por un total de 579 millones incluye un porcentaje importante de fondos provenientes de fuentes extranjeras. Una parte significativa de estos fondos, específicamente los provenientes de las instituciones financieras internacionales, solo estarán disponibles una vez que se llegue a un acuerdo con las mismas sobre la base de su evaluación positiva del plan económico panameño y de los cambios estructurales que este plan incluye, lo que quiere decir que estos fondos solo estarán efectivamente disponibles bien avanzado el año actual. De allí la importancia de que se pueda lograr un acuerdo con estas instituciones, acuerdo del que también depende toda la estrategia con respecto a la deuda pública. Y este acuerdo tiene que lograrse en términos que no solo sean económicamente coherentes como políticamente aceptables para el país y, muy especialmente, para la Asamblea Legislativa, sin cuyo concurso algunos de los cambios estructurales no se pueden hacer realidad. Aunque hay indicaciones de que las negociaciones avanzan, todavía no se ha logrado formalmente el acuerdo requerido, ello afecta nuestra capacidad total de inversiones públicas como también se afecta el manejo de la deuda pública.
Hay que añadir, por otra parte, que en ciertos aspectos se trabaja bajo importantes limitaciones de información presupuestaria. Por ejemplo, no se tiene todavía un conocimiento oficial y público de cuál fue el nivel de ejecución del Presupuesto durante el año de 1990, en lo que se refiere al presupuesto de financiamiento y, en lo concerniente, al presupuesto de inversiones. Por lo tanto, tampoco se tiene un conocimiento oficial y público de a cuánto ascendió el excedente no gastado del año pasado y ¿qué se piensa hacer con estos fondos, si los mismos sobrepasan la suma estimada en el presupuesto de ingresos de 1991? En cuando a las sumas disponibles para inversión durante el año en curso, se debe señalar que el Presupuesto General fue publicado en la Gaceta Oficial el 31 de diciembre de 1990 pero los Ministerios recibimos información del MIPPE, sobre las cantidades que se nos asignan por trimestre, es decir, el presupuesto debidamente trimestral, alrededor del 14 de febrero de 1991. Todo esto nos indica cuánto hay que agilizar, por parte de los organismos correspondientes, la elaboración y la distribución de la información presupuestaria como parte del esfuerzo de todo el Gobierno Nacional por realizar cuanto antes las inversiones públicas y los otros gastos gubernamentales (es decir, los de funcionamiento), pues ambos son medios para impulsar la reactivación económica y contribuir a resolver el grave problema del desempleo.
A la desburocratización, al acuerdo con los organismos financieros internacionales, a la más expedita información presupuestaria, se debe añadir otra consideración en la discusión de este tema, el de la privatización de aquellas propiedades del Estado sobre las cuales el Gobierno está de acuerdo en privatizar. Si bien las privatizaciones no implican, necesariamente un aumento en las oportunidades de empleo si pueden proporcionar fondos al Estado directa e indirectamente para inversiones en las áreas prioritarias de la infraestructura de los servicios sociales del país como pueden también contribuir a la mejor eficiencia de nuestra economía. ¿De qué nos sirven aceleradas discusiones públicas sobre hipotéticas privatizaciones que no han sido decididas y sobre las cuales no hay consenso, si no se están realizando con prontitud las privatizaciones sobre las cuales si hay acuerdo en el Gobierno?
Conclusión
Una doble urgencia nos reta a los que formamos parte del Gobierno Nacional: a. la de perfeccionar y consolidar la democracia y b. realizar una obra de gobierno más efectiva.
El Partido Demócrata Cristiano vislumbró esta doble urgencias desde hace meses; propusimos en diciembre vigorizar la Alianza Democrática Civilista mediante acuerdos concretos en siete diferentes áreas de la actividad gubernamental. La Cruzada Civilista respondió demostrando interés en nuestro planteamiento. En los próximos días se celebrará una conversación de trabajo entre los representantes del Partido Demócrata Cristiano y la Cruzada Civilista sobre el particular.
Por otra parte, antes del inicio de las sesiones parlamentarias se acordaron algunos lineamientos sobre las Reformas Constitucionales y sobre temas sociales, económicos y financieros urgentes, vinculados a un posible acuerdo con instituciones financieras internacionales. No debemos dejar pasar esta sesión legislativa sin que la Alianza actúe conjuntamente con la bases de estos lineamientos.
El país sigue reclamando la administración de justicia expedita que nuestra Constitución estipula. Es de esperar que pronto, muy pronto, se inicien los juicios en aquellos casos en los cuales la labor de investigación judicial ya ha culminado, muy especialmente, por ejemplo, en el caso del asesinato del Dr. Hugo Spadafora. Es de esperar que en la profunda crisis de credibilidad por la que atraviesa el Ministerio Público, nada ni nadie se interponga en el camino de la justicia. Esta doble esperanza no es, ni puede ser, la expresión del anhelo y la exigencia de algunos sectores de la Alianza Democrática Civilista solamente. Debe y tiene que ser la expresión de todos los componentes de la Alianza por igual, muy especialmente de las bancadas legislativas.
Estamos dispuestos al trabajo sin descanso para reconstruir a Panamá en democracia, como siempre estuvimos dispuestos a la lucha sin tregua por liberar a Panamá de la dictadura. En el mutuo respeto, este trabajo lo debemos y lo podemos continuar juntos, en alianza, aunque los sacrificios que ello imponga sean grandes. Pero si llegara a faltar este mutuo respeto, los demócratas cristianos tendríamos que seguir nuestro trabajo por otras vías que se ofrecen en democracia y lo seguiríamos haciendo con el mismo amor a Panamá, ese amor con el que hemos luchado y trabajado hasta ahora.
Muchas gracias.
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